La tortura, práctica que urge visibilizar, investigar y erradicar
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GENERO EN CAMPECHE
El índice de impunidad de la tortura en México es una prueba de que la mera tipificación del delito no basta para erradicar su persistente práctica y de que se requiere un esfuerzo especial y adicional por parte de los órganos del Estado involucrados en los sistemas de seguridad y justicia penal para poner un alto a la tortura. Se trata de la voluntad para cambiar de fondo una problemática de impunidad.
La tortura es un delito marcado por la impunidad y por el abuso de poder de las autoridades públicas. En su visita en abril pasado, el relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, expresó que “aún persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México”.
El relator reconoce que México atraviesa por una compleja situación en lo relativo a la seguridad pública, en particular en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Frente a estos hechos y considerando que a pesar de la evidencia del uso de la tortura y los malos tratos, el Relator expresó su extrema preocupación respecto al escaso número de investigaciones efectivas por estos delitos y la ausencia casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias, lo que conlleva a una persistente impunidad.
Bajo este contexto, el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche ratifica su postura y considera que en los hechos ocurridos en el municipio de Bolonchén de Rejón, Hopelchén, en la garantía al pleno respeto y protección de los derechos humanos como lo establece el artículo 1 Constitucional, el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Si bien el delito de homicidio calificado está tipificado con una penalidad máxima, el Ministerio Público y la representación de la defensa de la familia afectada están obligados a considerar presentar e investigar los cargos por todos los delitos cometidos, incluyendo la detención arbitraria, homicidio calificado y agravado por tortura con resultado de muerte o de ejecución arbitraria, así como la gravedad por el número de servidores públicos implicados, las circunstancias en las que se dieron los hechos y será el o la juez quien decida en un concurso de delitos y elija la penalidad más alta que se otorgará por todos los delitos de los que resulten responsables los imputados.
La familia y la sociedad tienen el pleno derecho por tratarse de servidores públicos a que la consignación se realice por todos los delitos y el o la juez debe decidir la sanción correspondiente. Además del compromiso que tiene el Estado Mexicano de garantizar la no repetición y esto solo es posible con el reconocimiento de la comisión del delito de la tortura.
La tortura visibiliza las circunstancias en las que sucedieron los hechos, es un delito (y una violación de derechos humanos) marcado por la impunidad persistente y por el abuso de poder que ejercen las autoridades públicas que requiere ser atendido, investigado y castigado en el país.
Siendo Campeche un estado de notables juristas, y con un importante número de egresadas y egresados en la maestría en Derechos Humanos sin duda habrá coincidencia con el interés ciudadano del Observatorio de que este delito de suma gravedad para el país se analice, investigue y sancione en el estado.
