Sobre feminicidios en Campeche y la responsabilidad del Estado

Por Stephanie Sánchez

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México se registran 11 casos diarios de feminicidios y cada año más de 60 mil mujeres pierden la vida de forma violenta, por ello el 86 por ciento del territorio nacional se encuentra en alerta por violencia feminicida y desaparición de niñas y mujeres; solo en 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió seis Alertas de Violencia de Género (AVG) en estados y municipios, con lo que suman a nivel nacional 25 mecanismos en 22 estados.
Ese mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) levantó de forma parcial la alerta de violencia de género (AVG) en Campeche tras el cumplimiento de la mitad de las acciones ordenadas para combatir las agresiones contra niñas y mujeres, relacionadas con la prevención, la seguridad y una más referente al mensaje para visibilizar la violencia.
Sin embargo, en los últimos 5 meses, 6 mujeres han perdido la vida de forma violenta en la entidad, 4 califican como feminicidios y 2 más se relacionan con grupos delincuenciales, de todos estos, un solo caso (feminicidio) cuenta con sentencia emitida de 30 años en prisión al perpetrador. Los municipios en donde han ocurrido son Carmen, Candelaria y Campeche.
El monitoreo de medios locales de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche (Redmyh), destaca el uso de objetos, como arma de fuego y arma punzocortante en las agresiones en contra de las víctimas con edades de 35 a 64 años principalmente, entre los lugares en donde se registraron las agresiones, el domicilio de la víctima y la vía pública ocupan las primeras posiciones. 
De acuerdo con información en medios locales, el pasado 19 de mayo de 2022, Yolanda Arias Hernández, de 43 años, se dirigía a su lugar de trabajo, cuando fue atacada durante las primeras horas del día, en vía pública, con un arma punzocortante por un sujeto que al parecer era su pareja. El agresor de 39 años fue detenido horas después cuando intentaba huir y llevaba en su poder el arma involucrada. 
Está claro que, aunque las autoridades afirmen lo contrario, en Campeche no existe garantía de seguridad para las niñas y mujeres, ni en los hogares, ni en la vía pública, ni a cualquier hora del día, y si bien se han incrementado las penas en prisión por delitos en contra de las mujeres y se han sentenciado agresores por casi 100 años, es evidente que no ha sido medida concreta para erradicar la violencia. 
Se han puesto en marcha programas como “Mujer Valiente”, “Refugio Seguro”, “Zazil 911”, que, si bien brindan atención inmediata, resultan insuficientes y parciales, pues no están dirigidas a enfrentar las causas de la violencia sino sólo a atender a las víctimas. Con cifras tan alarmantes a nivel nacional que solo van en incremento es urgente que se reconozca el fracaso del Estado y sus estrategias institucionales, pues hasta ahora no han implicado un verdadero compromiso por prevenir o erradicar la violencia.
Como indica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia creada por Marcela Largarde y de los Ríos, el feminicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
Es fundamental reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los Derechos Humanos y es obligación del Estado actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres; y no se tendría que simular seguridad, ni celebrar o destacar que en Campeche las cifras no son mayores, pues vivir una vida libre de violencia no es un privilegio, es nuestro derecho. 
Los hombres continúan asesinando mujeres en Campeche, desde niñas hasta adultas mayores, de forma cruel, con odio y sobre todo con la certeza de que cuentan con un sistema detrás que los respalda, que incluye a personas que los justifican, que alimentan el morbo, que normalizan la violencia o que se muestran indiferentes ante sus crímenes, además de revictimización, la corrupción, impunidad, negligencia, falta de empatía y nula sensibilidad del Estado. 
La eliminación de violencia implica la transformación de la sociedad, instancias e instituciones, así como de la cultura en todas sus expresiones, por ello es preciso que se impulsen políticas públicas integrales encaminadas a eliminar la desigualdad, las injusticas, la impunidad, la corrupción, la discriminación y al mismo tiempo, se garantice la libertad de las niñas y mujeres.