Tolerancia cero al acoso en planteles escolares: Redmyh

Cuando denunciamos, también exigimos ser escuchadas.

Sobre las recientes denuncias por acoso en planteles escolares.

Vivimos en un contexto en el que persisten prácticas de silenciamiento de las voces de niñas, adolescentes y mujeres cuando denuncian hechos de violencia. Hoy observamos con preocupación cómo se repite una historia que ha marcado por generaciones la experiencia de muchas jóvenes en el sistema educativo: vivir hechos de violencia, denunciarlos y no ser escuchadas.

Las recientes denuncias por presunto acoso por parte de docentes en el COBACAM y la Secundaria Técnica No. 8 en Lerma, Campeche, evidencia una vez más la violencia estructural que afrontan las adolescentes en espacios que deberían ser seguros para aprender, crecer y formar su proyecto de vida.

Lamentablemente, ante estas denuncias no hubo una respuesta empática o de protección, sino una serie de omisiones por parte de las instituciones educativas y un discurso público que tiende a minimizar la gravedad de los hechos. En redes sociales, muchas voces han cuestionado, deslegitimado e incluso ridiculizado las denuncias de las alumnas, sin iniciar una investigación correspondiente, como es deber del estado y de las autoridades educativas, de la que se deriven resultados que puedan acreditar o no estos hechos.

Cabe recordar, que, de conformidad con lo que establece el artículo 1o. Constitucional, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Además, se reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen facultad para denunciar por sí mismos en caso de que ninguna persona adulta asuma el deber de protección, y es deber de la autoridad educativa solicitar la investigación de los hechos denunciados, mismos que deberán ser atendidos de conformidad con el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y Adolescentes, entre otros mecanismos de protección para garantizar la aplicación del principio del interés superior de la infancia, que establece, entre otras cosas, que en todo momento, toda decisión deberá ser basada en la protección más amplia para las NNA.

En caso de no atender la denuncia, esto no solo perpetúa el miedo a hablar, sino que manda un mensaje claro: denunciar sigue siendo un riesgo para quien sufre violencia, mientras que quienes la ejercen continúan impunes.

Las instituciones tienen una responsabilidad urgente e ineludible: acercarse a las víctimas, garantizar canales seguros y efectivos de denuncia, investigar con debida diligencia, sancionar a quienes ejercen violencia y garantizar la reparación del daño, así también garantías de no repetición. Resulta urgente reconocer que mientras no existan planes de prevención ni políticas públicas eficaces que acompañen y escuchen a las jóvenes, seguirán siendo cómplices del silencio que protege a los agresores.

Este no es solo un llamado a atender casos individuales, es una exigencia colectiva para transformar de raíz las estructuras escolares que han normalizado el acoso, la impunidad y el abandono institucional. Creerles a las jóvenes, acompañarlas y protegerlas no puede seguir siendo opcional.

Exigimos verdad, justicia y compromiso real con la seguridad y dignidad de las adolescentes en Campeche.